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24 HORAS Radio Global - La
protección de los saberes ancestrales y la dignificación de la cultura popular
bajo el gobierno de Gustavo Petro adquirio una importancia estratégica al
descentralizar la gestión cultural, convirtiendo las expresiones tradicionales
de los territorios en pilares de paz y cohesión social.
Históricamente, las
manifestaciones de comunidades indígenas, afrodescendientes, raizales,
palenqueras y campesinas habían sido marginadas o tratadas desde una
perspectiva puramente folclórica y de consumo turístico. Al situar estas
prácticas en el centro de las políticas públicas de la "Colombia
Profunda", el gobierno reconoció que el conocimiento tradicional, desde la
medicina ancestral hasta las técnicas agrícolas y culinarias sostenibles,
constituye un patrimonio vivo indispensable para enfrentar desafíos
contemporáneos como la crisis climática y la seguridad alimentaria.
En este contexto, el
desarrollo y debate en torno a la reforma de la Ley General de Cultura en
Colombia se consolida como una herramienta jurídica indispensable para blindar
estos avances y saldar una deuda histórica con los creadores de las economías
populares.
La actualización de este marco
normativo busca transformar las dinámicas de financiación estatal, transitando
de un modelo de competencia por estímulos individuales hacia un sistema de
asignaciones directas y permanentes que fortalezca el tejido comunitario.
Al institucionalizar el
reconocimiento de los gestores culturales populares y los portadores de
saberes, la ley garantiza que estos actores tengan acceso real a la seguridad
social, condiciones de trabajo dignas y espacios formales de participación en
la toma de decisiones, evitando que sus derechos dependan de los cambios de
turno políticos.
Finalmente, la articulación
entre los saberes ancestrales y una legislación cultural robustecida actúa como
un motor de transformación social que reemplaza los imaginarios de violencia
por relatos de identidad y reconciliación. El fortalecimiento de las escuelas
comunitarias de artes, el apoyo a los festivales de base y la protección de las
lenguas nativas democratizan el acceso a los bienes culturales, arrebatando a
los jóvenes de las dinámicas del conflicto armado.
Al validar la diversidad
cultural como la mayor riqueza de la nación, esta política gubernamental no
solo descentraliza el presupuesto del Ministerio de las Culturas, las Artes y
los Saberes, sino que edifica un modelo de desarrollo propio donde la memoria
histórica y la creatividad popular son las bases fundamentales de la justicia
social.
Redacción: 24 HORAS Radio Global