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24 HORAS Radio Global - La
importancia de la reforma rural integral planteada y
ejecutada bajo el mandato del presidente Gustavo Petro radico en su enfoque
estructural para solucionar el histórico problema de la tenencia de la tierra,
considerado la causa principal del conflicto armado en Colombia.
A diferencia de los enfoques
tradicionales centrados puramente en la productividad corporativa, este
proyecto posicionó el acceso equitativo a la propiedad rural, la justicia
distributiva y la soberanía alimentaria como los verdaderos cimientos de la paz
territorial.
La relevancia de esta política
estriba en haber devuelto al campesinado, las comunidades indígenas y los
pueblos afrodescendientes su rol de sujetos de derechos y actores económicos
vitales, transformando un campo empobrecido en una despensa de alimentos
próspera y sostenible.
El aspecto más positivo y
transformador de este proceso se evidencia en los resultados tangibles
alcanzados por la Agencia Nacional de Tierras (ANT), que logró la entrega de
más de 351.000 hectáreas fértiles y la formalización de más de 2,2 millones de
hectáreas para familias tradicionalmente marginadas.
A través de iniciativas
novedosas como la compra voluntaria de predios improductivos a gremios
ganaderos y la adjudicación de bienes extinguidos a las mafias del
narcotráfico, el programa demostró que la redistribución pacífica y legal es
viable.
A estos hitos se suman la
constitución de 13 nuevas Zonas de Reserva Campesina que abarcan 643.381
hectáreas de protección, y la restitución prioritaria de 279.585 hectáreas a
pueblos étnicos a través de la Unidad de Restitución de Tierras (URT), marcando
una gestión que superó con creces lo hecho por múltiples administraciones del
pasado.
Históricamente, la reforma
agraria en Colombia había sido sistemáticamente frenada, desmantelada o
engavetada por gobiernos anteriores, los cuales permitieron el despojo masivo,
la concentración desmedida de la propiedad y el archivo práctico del Punto 1 de
los Acuerdos de Paz de La Habana.
Durante décadas se abandonó el
fortalecimiento institucional del campo y se bloquearon figuras de autonomía
territorial para favorecer la especulación inmobiliaria y los monocultivos
extensivos. Con la ejecución de esta reforma, el Estado no solo reactivó los
comités municipales de reforma agraria, sino que resucitó la adjudicación
directa de tierras productivas al campesinado que desea trabajarlas.
De este modo, la entrega
masiva de títulos de propiedad salda una deuda de más de medio siglo,
devolviendo al país la oportunidad de salirse del ciclo del latifundio estéril
y consolidar la justicia social rural.
Redacción: 24 HORAS Radio Global