En un
movimiento que podría redefinir sus relaciones con las grandes instituciones
financieras internacionales, el gobierno del presidente Gustavo Petro ha
anunciado que Colombia saldará por completo su deuda con el FMI, fruto de los
compromisos heredados de administraciones y de gobiernos anteriores.
El
acuerdo original con el FMI consistía en una línea de crédito flexible (LCF),
aprobada en abril de 2024 por un monto de 6.133,5 millones de Derechos
Especiales de Giro — equivalente entonces a aproximadamente 8.100 millones de
dólares.
Este
mecanismo había sido contratado por el gobierno anterior, y su desembolso
estaba previsto como un respaldo para las finanzas nacionales en medio de la
crisis derivada de la pandemia.
Según
lo comunicado por las autoridades del Ministerio de Hacienda y del banco
central, Banco de la República, dicha línea ha sido cancelada: Colombia
renuncia a continuar con ese instrumento y advierte que ya no lo considera
necesario dadas las condiciones financieras actuales.
El
presidente Petro, a través de su cuenta en X, señaló que “durante tres años
pagamos cerca de 5 000 millones de dólares” y que “a partir del 1 de enero
saldamos totalmente la deuda”, y bien vale la pena señalar que según algunos
expertos los intereses por contar con la disponibilidad de estos recursos excesivamente
elevados.
Además,
el actual gobierno también advierte que ese endeudamiento promovido por Iván
Duque Márquez fue irresponsable, en particular en lo que concierne también a
medidas como el subsidio a la gasolina, y que su administración se encargó de
corregirlo. Según lo previsto por las autoridades, la última cuota pendiente
del crédito con el FMI se pagará en diciembre de 2025, sin que eso afecte la
decisión de cancelar la LCF.
Este
anuncio se da en un contexto en el que, según el más reciente informe técnico del
Fondo bajo el marco de la consulta del “Artículo IV”, la liquidez externa de
Colombia se mantiene en niveles adecuados.
Una
decisión estratégica con múltiples aristas
Para
el gobierno de Petro, saldar la deuda y cancelar la línea de crédito no solo
representa un cumplimiento de obligaciones, sino un símbolo de autonomía
financiera. Como lo expresara el propio mandatario, la LCF era un recurso
tomado por una administración previa bajo una perspectiva que califica de
“sobrendeudamiento irresponsable”.
Al
mismo tiempo, el país mantiene niveles de reservas internacionales que
actualmente rondan los 65 500 millones de dólares, según el banco central, lo
que según sus autoridades le otorga un colchón suficiente frente a eventuales
choques externos.
El fin
de la LCF y el pago de la deuda también se interpretan como una apuesta del
gobierno por redefinir la relación con organismos internacionales: en
declaraciones recientes, Petro no dudó en criticar al FMI como institución,
proponiendo cambios profundos en su estructura y cuestionando su rol frente a
los países en desarrollo.
No obstante,
y como advierte el propio informe del FMI, la economía colombiana atraviesa
tensiones: el déficit fiscal y el aumento de los niveles de deuda han llevado a
un alza de los diferenciales soberanos, lo que podría complicar la inversión
privada si no se restablece la confianza.
Para
muchos analistas, esta jugada del gobierno puede interpretarse como un acto de
responsabilidad fiscal necesario, pero también como un mensaje político de
independencia financiera y de giro en la orientación económica del país.