martes, 5 de noviembre de 2024

Corte Suprema de Justicia inició investigación formal contra cinco congresistas

 

La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia de Colombia inició una investigación formal contra cinco congresistas y un excongresista por presuntos acuerdos ilegales y posibles irregularidades en la contratación de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

De acuerdo a la informacion preliminar suministrada por fuentes oficiales, los implicados en esta trama de contratos y corrupción son. Liliana Esther Bitar Castilla, Juan Pablo Gallo Maya, Wadith Alberto Manzur Imbett, Julián Peinado Ramírez, Karen Astrith Manrique Olarte y el excongresista Juan Diego Muñoz Cabrera.

La investigación se centra en la hipótesis de que, como miembros de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público (CICP), estos legisladores habrían aceptado emitir conceptos favorables respecto a operaciones de crédito público presentadas por el Ministerio de Hacienda, a cambio de beneficios que se materializarían en contratos adjudicados por la UNGRD.

Un informe detallado de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema reveló movimientos financieros significativos entre los congresistas y sus Unidades de Trabajo Legislativo (UTL). Por ejemplo, se identificaron 22 transacciones que suman 289 millones de pesos entre el representante Wadith Manzur y un miembro de su UTL, realizadas entre enero de 2023 y julio de 2024.

Además de los mencionados, otros congresistas, como Julio Elías Chagüi Flórez y Andrés David Calle Aguas, también han sido señalados en relación con este caso que ha envuelto al gobierno Petro en una trama de prebendas y practicas irregulares que no son ajenas a las mismas cuestionadas a sus antecesores.

Vale la pena recordar que estas acciones de corrupción y preventas no son nuevas puesto que se han conocido durante toda la historia hegemónica y patriarcal que adopto un sistema democrático hecho a la medida para el veneficio de unos pocos cómplices en la dilatación de la acción penal y jurídica como lo ha asegurado en repetidas oportunidades La Misión de Observación Electoral - MOE en múltiples oportunidades.

Este escándalo ha generado una crisis en la CICP, esencial para la aprobación de operaciones de crédito público. La renuncia de algunos de sus miembros y la falta de quórum han paralizado su funcionamiento, poniendo en riesgo la financiación del presupuesto nacional y otras iniciativas gubernamentales.

La Corte Suprema continúa recopilando pruebas y avanzando en las diligencias correspondientes para esclarecer la magnitud de estos presuntos actos de corrupción y determinar las responsabilidades penales de los involucrados.