La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de
Justicia de Colombia inició una investigación formal contra cinco congresistas
y un excongresista por presuntos acuerdos ilegales y posibles irregularidades
en la contratación de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de
Desastres (UNGRD).
De acuerdo a la informacion preliminar suministrada
por fuentes oficiales, los implicados en esta trama de contratos y corrupción
son. Liliana Esther Bitar Castilla, Juan Pablo Gallo Maya, Wadith Alberto
Manzur Imbett, Julián Peinado Ramírez, Karen Astrith Manrique Olarte y el
excongresista Juan Diego Muñoz Cabrera.
La investigación se centra en la hipótesis de que,
como miembros de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público (CICP),
estos legisladores habrían aceptado emitir conceptos favorables respecto a
operaciones de crédito público presentadas por el Ministerio de Hacienda, a
cambio de beneficios que se materializarían en contratos adjudicados por la
UNGRD.
Un informe detallado de la Sala de Instrucción de
la Corte Suprema reveló movimientos financieros significativos entre los congresistas
y sus Unidades de Trabajo Legislativo (UTL). Por ejemplo, se identificaron 22
transacciones que suman 289 millones de pesos entre el representante Wadith
Manzur y un miembro de su UTL, realizadas entre enero de 2023 y julio de 2024.
Además de los mencionados, otros congresistas, como
Julio Elías Chagüi Flórez y Andrés David Calle Aguas, también han sido
señalados en relación con este caso que ha envuelto al gobierno Petro en una
trama de prebendas y practicas irregulares que no son ajenas a las mismas cuestionadas
a sus antecesores.
Vale la pena recordar que estas acciones de corrupción
y preventas no son nuevas puesto que se han conocido durante toda la historia hegemónica
y patriarcal que adopto un sistema democrático hecho a la medida para el
veneficio de unos pocos cómplices en la dilatación de la acción penal y jurídica
como lo ha asegurado en repetidas oportunidades La Misión de Observación
Electoral - MOE en múltiples oportunidades.
Este escándalo ha generado una crisis en la CICP,
esencial para la aprobación de operaciones de crédito público. La renuncia de
algunos de sus miembros y la falta de quórum han paralizado su funcionamiento,
poniendo en riesgo la financiación del presupuesto nacional y otras iniciativas
gubernamentales.
La Corte Suprema continúa recopilando pruebas y
avanzando en las diligencias correspondientes para esclarecer la magnitud de
estos presuntos actos de corrupción y determinar las responsabilidades penales
de los involucrados.